Artículo de Carmen Andrés

Diputada del PSC en el Congreso de los Diputados

En el primer año de Gobierno del Presidente Sánchez, los socialistas cumplimos el compromiso de aprobar la Ley de Regulación de la Eutanasia. Una demanda sostenida por la inmensa mayoría de nuestra sociedad.

Es el reconocimiento legal de un derecho que tenemos todos como personas: el derecho a una muerte digna. A una «buena muerte», que es lo que significa la palabra eutanasia.

Un reconocimiento que se sustenta en los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución a la vida y la integridad física y moral; y de los bienes constitucionalmente protegidos de dignidad, libertad y autonomía de la voluntad.

Regulamos un nuevo derecho, cuyo ejercicio es personalísimo. La decisión es personal, libre y no sustituible. Decide la persona. No la familia, no el médico, no el cuidador.

Y para garantizar este ejercicio libre y personalísimo, la Ley establece mecanismos de garantía. Hasta tres veces, el paciente manifestará su voluntad.

También establece mecanismos de garantía de un proceso y desenlace eutanásico en un contexto sanitario respetuoso con la voluntad del paciente y adaptando la ayuda a morir a su voluntad y situación personal. Con una verificación previa de la concurrencia de los requisitos y condiciones que establece la Ley.

Titulares del derecho son todas las personas mayores de edad con nacionalidad española o residencia legal en España o certificado de empadronamiento por más de un año, que cumplan los requisitos que marca la Ley: sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante en los términos de la Ley certificada por el médico responsable.

Esta Ley no hubiera sido posible sin la reivindicación, lucha constante e inmensa generosidad de las personas que padecieron sufrimiento insoportable sin poder ejercer el derecho al que a partir de ahora podremos acogernos todos.

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